La España de las autonomías, o las autonosuyas como escribió Vizcaíno Casas y llevó al cine en 1983 Rafael Gil, es proclive a todo tipo de desajustes. Lo que para un territorio es válido, para otro es intolerable, lo que en una autonomía da resultado y es eficaz, en otras ni se lo plantean, a veces ni siquiera depende del color político que gobierna, porque el mismo partido puede argumentar blanco o negro según dónde lo razone, lo que convierte en más impredecible si cabe lo que va a decir el seny de cada lugar.
Esta dispersión de criterios en un mismo país es de todo tipo, económica (no se pagan los mismos impuestos en Madrid que en Andalucía), educativa (los docentes no usan los mismos libros de texto en Extremadura que en Murcia), de infraestructuras, etc. Como ejemplo de desajuste o disparidad de criterio, vamos a poner la tasa turística, en vigor en Baleares y Cataluña, pero sin visos de aplicación en el resto de autonomías turísticas de España.
La tasa turística que el actual gobierno autonómico valenciano aprobó, pero que nadie puso en marcha en su municipio porque una moratoria pospuso esa posibilidad de su aplicación municipal hasta diciembre de este año, tiene los días contados. El gobierno PP-Vox la va a tumbar en cuanto pueda, ya que pretende convertir ese acto de supresión en un símbolo de su actuación política, en una marca de diferencia respecto al gobierno del Botánico.
Sin embargo, dos autonomías limítrofes como Cataluña y Baleares no lo ven de esta manera. Solo en ciudad condal se calcula ingresar unos 52 millones de euros este 2023 en concepto de tasa turística, cifra que al ritmo del crecimiento de visitantes de Barcelona podría ser de más de 90 millones para 2024. Desde 2020, la cantidad ingresada por el Consistorio barcelonés por este concepto es de 33’3 millones de euros. Allí están encantados con la tasa, de hecho va a financiar el plan de barrios con la llegada a la alcaldía de Jaume Collboni. En Baleares, las cifras son más altas, de ingresar 34 millones de euros en 2016 a más de 131 en 2019.
Por ejemplo, el municipio turístico valenciano por antonomasia, Benidorm, aunque el gobierno municipal del PP ha afirmado por activa y por pasiva que no la aplicará, podría ingresar unos 53 millones de euros en concepto de tasa turística. Habida cuenta de que el presupuesto municipal de 2022, el último que se ha aprobado, es de 128 millones, esa previsión de ingresos es muy atractiva, sobre todo si la deuda municipal roza ya los 70 millones de euros. Para los benidormenses sería como el maná que cae del cielo, porque esa tasa la pagarían los visitantes que se alojan en los establecimientos hoteleros.
La
presión de la patronal hotelera contra la aprobación de la tasa ha sido
intensiva. Los hoteleros indican que la afluencia turística depende en gran
medida de los precios y que subir los precios a los turoperadores puede desviar
turistas a otros destinos, unos turistas que quizá no vuelvan. Sin embargo y
como suele pasar en estos casos, olvidan la letra pequeña, una letra pequeña
que les favorece. Los precios de los hoteles valencianos subieron un 12’4 % en
2022 con respecto a 2019, por lo tanto, sí que han subido los precios los
hoteleros. Subir un euro
de media por turista y noche no debería contraer la llegada de turistas y, si
eso es un problema, quizá es que estamos más cerca de convertirnos en el
bullicioso Magaluf valenciano de lo que pensamos. O que la oferta
complementaria no tiene el suficiente atractivo como para poder prescindir del
turista noctámbulo de sandalia y cerveza barata en mano. El dontancredismo
nunca es una opción.
