Spin-offs políticos: la ventaja de una agenda repleta de contactos frente a capacidad profesional
Un importante grupo europeo de comunicación adquirió recientemente una consultora política española por aproximadamente 30 millones de euros. Según informaciones publicadas, la firma fue fundada por antiguos altos cargos de dos partidos políticos opuestos..Esta transacción ejemplifica un problema estructural: la conversión del poder político en empresa privada, creando consultoras que pueden llegar a dominar la contratación pública en todos los niveles mientras que se verían excluidos profesionales independientes y pequeños negocios.
Las grandes consultoras de origen político compiten por contratos de todas las escalas: de lo macro a lo micro.
Estos spin-offs operan con ventajas competitivas derivadas de contactos políticos. Las especificaciones de licitación—requisitos financieros, experiencia previa, certificaciones—favorecen frecuentemente a grandes empresas establecidas sobre profesionales independientes. El resultado es una concentración de mercado que dificulta la competencia desde el inicio.
EL MURO BUROCRÁTICO
En 2023, el 55% de las pymes identificaron los obstáculos regulatorios y la carga administrativa como su mayor desafío. Cuando una gran empresa gasta 1€ por empleado en cumplimiento normativo, una pequeña empresa gasta 10€ de media.
Para los profesionales independientes, la complejidad burocrática funciona como exclusión. Garantías financieras, certificaciones de calidad que cuestan miles de euros, requisitos de facturación previa, documentación de experiencia en programas europeos—cada requisito elimina competidores sin considerar la competencia.
Las grandes consultoras mantienen departamentos administrativos para esta complejidad. Los profesionales independientes enfrentan requisitos idénticos con recursos limitados, haciendo la participación económicamente imposible.
LA PARADOJA
Más del 60% de las empresas de la UE citan la regulación como obstáculo a la inversión. La Comisión Europea se comprometió a reducir las cargas administrativas en un 25% (35% para pymes), sin embargo la carga regulatoria acumulativa continúa creciendo.
Cuando una pequeña empresa gasta 10 veces más por empleado que una grande en cumplimiento normativo, la complejidad regulatoria, independientemente de su intención, crea ventajas competitivas para los establecidos y barreras para quienes intentan acceder al mercado.
Qué debería cambiar
La solución requiere actuación en tres frentes. primero, una regulación estricta del lobby que establezca períodos de incompatibilidad obligatorios entre cargo público y actividad en sector privado, junto con un registro público de lobbying con presupuestos divulgados y normas claras de incompatibilidad para antiguos cargos. segundo, una simplificación radical que garantice requisitos proporcionales al tamaño del contrato, elimine barreras financieras que discriminan por tamaño y establezca procedimientos rápidos para contratos menores. tercero, transparencia total mediante la divulgación pública de adjudicaciones de contratos con criterios completos, declaración obligatoria de afiliaciones políticas para licitadores y auditoría independiente de entidades financiadas públicamente.
CONCLUSIÓN
Los datos sugieren un patrón, la complejidad burocrática favorece a grandes empresas establecidas.
Cuando adquisiciones multimillonarias de consultoras fundadas por ex-políticos alcanzan cifras como 30 millones de euros, surge la pregunta: ¿se valora el desempeño de mercado o la red de contactos? Si es lo segundo, la conexión importa más que la competencia.
Los profesionales independientes y pequeños negocios no fracasan por falta de capacidad, están excluidos por la estructura del sistema.
La elección es simple: desmantelar las barreras que protegen la extracción política, o aceptar el estancamiento económico bajo sistemas que priorizan el acceso sobre el mérito.
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Ilustración de cabecera by M.Gascó-Alcoberro
